¿Por qué no están progresando las acciones colectivas?

El presente caso documenta la demanda colectiva en contra de seis empresas que en conjunto ofrecieron servicios de telecomunicaciones bajo la marca Nextel, a efecto de que proporcionaran a sus clientes el servicio óptimo y eficiente que ofrecían en sus contratos. El autor, abogado y activista, señala las que, en su opinión, son las causas de que las acciones colectivas no estén progresando en México.

 

Una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos en México fue la inclusión a nuestro sistema de las acciones colectivas, cuyo espíritu es brindar una justicia sencilla, flexible, gratuita, efectiva y masiva.

La ejecutoria 28/2013 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos explicó en forma magistral el marco legal de las mismas, sus principios fundamentales y hasta su espíritu o esencia; sin embargo, la aplicación de los mismos está encontrando serias dificultades y, en este momento, derivado del primer juicio colectivo que llega a la última instancia, las acciones colectivas se encuentran en una situación crítica, en virtud de que la corrupción judicial en la forma de influyentismo está a punto de enterrarlas. En consecuencia, es deber de todos los ciudadanos, especialmente de los abogados y los que tienen mayor influencia de opinión en el país, salir en su defensa en beneficio de la sociedad mexicana, ya que las mismas son un gran instrumento para proveer justicia contra los abusos de los proveedores de bienes y servicios. El secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en una conferencia llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, señaló: “Hay que mantener el espíritu de la ley original para que las reformas posean el impacto que deben tener, y la comunidad universitaria es una de las que está obligada a vigilar que esto suceda”. Para lograr dicha justicia, las acciones colectivas necesitan ser apoyadas y, en consecuencia, nuestra activa participación es fundamental para que las mismas tengan el impacto de incremento de justicia que ha ocurrido en muchos otros países.

Radiografía de la primera acción colectiva en México

Pasemos, pues, a revisar brevemente qué ha sucedido con la primera acción colectiva presentada en México, en términos del libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), cuya demanda inicial se presentó el 29 de febrero de 2012. La demanda fue dirigida en contra de seis empresas que en conjunto proporcionan servicios de telecomunicaciones bajo la marca Nextel, las cuales fueron seleccionadas por estar entre los primeros lugares en quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). La cuestión que debe analizar el Poder Judicial es muy sencilla y consiste en determinar si los usuarios de las empresas telefónicas mencionadas tenemos derecho a que nos reembolsen 20 por ciento de lo que hemos pagado, ya que la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor establece que tenemos ese derecho cuando el proveedor de bienes y servicios no nos entrega el 100 por ciento de lo que se ha comprometido. De dicha demanda colectiva conoció el juez cuarto de distrito en materia civil de la Ciudad de México, a quien le tomó más de seis meses certificar la demanda. Destaca en esta primera etapa que el juez de la causa ordenó al representante común de la colectividad ratificar la demanda dentro de los tres días siguientes, con el apercibimiento de pagar aproximadamente 150,000 dólares en caso de que no lo hiciese. Esta misma insensibilidad del juzgado se mantuvo durante el procedimiento, el cual no se rigió conforme a los principios y el espíritu de las acciones colectivas. Pero la culminación de la terrible actuación judicial fue la sentencia definitiva que se dictó en septiembre de 2015. El resultado del asunto dependía de la valorización de las pruebas. Gracias a la ejecutoria 2244/2014 de la SCJN (PROFECO vs. Adidas), en una primera instancia el juez determinó que la carga de la prueba en el juicio —es decir, el acreditamiento de que el proveedor nos entrega 100 por ciento de lo que promete— correspondía a Nextel. Sin embargo, el juez no quiso aprender y profundizar en el tema de telecomunicaciones y decidió no dar ningún valor probatorio a los dictámenes periciales en dicha materia que se desahogaron en el juicio (prueba pericial de telecomunicaciones ofrecida por la colectividad) así como absolver a Nextel, con base en un escrito que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) presentó (porque la colectividad ofreció como prueba un estudio que el propio IFETEL elaboraría respecto de la calidad del servicio), en el que, como si fuera la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), le informó al juez que no tiene los recursos económicos y humanos para hacer el estudio solicitado y sólo le adjuntó las raquíticas mediciones que hizo de 2012 a 2014. Dichas mediciones no incluyeron el servicio de radio o trucking y se refieren sólo a parte del periodo de la demanda (nuestro reclamo es de 2008 a la fecha). Y no obstante lo anterior el juez acabó concluyendo que si el gobierno tolera cómo opera Nextel, para él no había incumplimiento. Además, el IFETEL indicó al juez que en el escrito que le remitió incluía información confidencial, por lo que nunca tuvimos la oportunidad de analizar el mismo y sólo conocimos las trascripciones que en la sentencia se hicieron de dicho escrito del IFETEL. En segunda instancia, la apelación se fue a un tribunal auxiliar en Culiacán donde dicho magistrado burdamente se dedica a tratar de desvirtuar nuestros agravios y omite referirse a un segundo escrito de ofensas. En forma por demás negligente no revisó la totalidad de los agravios que presentamos. Estamos hablando de una nueva práctica importantísima para la justicia en México y así es como el juez ha resuelto.

El enemigo mortal de las acciones colectivas

Ahora el riesgo se llama corrupción en forma de influyentismo. El primer indicio de lo anterior lo dejó ver claramente la SCJN en 2013 con el tema de la notificación de la demanda a la colectividad, al no haber atraído nuestra petición en el sentido de obligar a las emplazadas a publicar un extracto de la demanda en las facturas electrónicas y en sus páginas de internet, lo que trajo como consecuencia el “efecto matadero”, es decir, que dos diversos tribunales colegiados resolvieran que un solo edicto publicado en un periódico era suficiente para informar sobre la demanda colectiva a más de 70 millones de personas, lo que describo más ampliamente en el “Grito de justicia”, visible en la portada de krasovsky.com.mx. Ésta es la principal razón por la que nadie sabe de estas acciones colectivas en contra de las empresas telefónicas. Otro obstáculo importante que hemos tenido es que los medios de comunicación no quieren difundir las acciones colectivas por ser los demandados clientes importantes o porque potencialmente pueden ser demandados en el futuro. Estas circunstancias han sido devastadoras, ya que el espíritu de las acciones colectivas es que la gente se una y apoye la causa, que es la única forma de poder vencer a los poderosos. Pensemos en la imagen de “la unión hace la fuerza” de los pescaditos organizados comiéndose al pescado grande.

Hoy más que nunca se necesita apoyar las acciones colectivas: en septiembre del año pasado lanzamos un “Grito de justicia” con motivo de la traición de la SCJN a la sociedad y a las acciones colectivas por no haber querido atraer el primer amparo directo que revisa la sentencia de fondo del juicio colectivo contra Nextel, ahora AT&T. En dicho “Grito de justicia” denunciamos, en términos general, que por segunda ocasión la SCJN aplica el paradigma que existe en México en el sentido de que el Poder Judicial protege a los poderosos y que explica claramente la perversidad del funcionamiento del sistema. Dicho “Grito de justicia” lo publicamos en las redes sociales y lo único que obtuvimos es que “alguien” infectara nuestras páginas de virus y pornografía. A la fecha no hemos podido resolver el problema en acmexicano.org, una asociación civil que nos apoya y que utilizamos para promover y difundir las acciones colectivas.

Como dejé constancia en agosto en esta revista, la SCJN (mientras no exista influyentismo) ha realizado un extraordinario trabajo respecto de las acciones colectivas, pero en este momento acaba de enviarlas al matadero sólo para beneficiar a AT&T, que ha anunciado en diversos foros que invertirá en México 3,000 millones de dólares. Mediante diversas comunicaciones dirigidas a los ministros de la SCJN y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hemos insistido en que alguno de ellos salga en nuestra defensa, atrayendo el asunto fuera de los canales institucionales. Como se imaginará el lector, no recibimos respuesta. En lo personal, dichos incongruentes actos de falta de apoyo de la SCJN a las acciones colectivas me causan un gran sentimiento de indignación.

Compromiso de anticorrupción judicial e involucramiento del gremio

Por otro lado, el presidente de la International Bar Association, los presidentes de la SCJN y de las tres principales barras de abogados del país a finales de agosto suscribieron un compromiso de anticorrupción judicial (CAJ) a través del cual se comprometen a realizar acciones para evitar la corrupción judicial. Lo más relevante de dicho documento es que presenta la corrupción como es vista en Estados Unidos, es decir, como un caso de influyentismo, que desafortunadamente en México muchas veces no parece tan grave, o más bien ya estamos acostumbrados a él. El CAJ inicia señalando: “me comprometo a tomar todas las medidas necesarias para prevenir las prácticas corruptas que impactan al Poder Judicial y a cumplir los siguientes principios en la práctica del Derecho: 1) No cometeré ni toleraré prácticas de corrupción, directa o indirectamente en el proceso judicial, sea a manera de soborno o como ejercicio de una influencia indebida sobre el Poder Judicial […] 3) No cometeré ni facilitaré, directa o indirectamente, actos que socaven la independencia judicial, incluyendo los intentos de interferencia política, económica, social, o cualquier otra clase de interferencia, en el proceso judicial […] 12) Combatiré todo intento de ejercicio de influencia indebida, ya sea política, económica, social, o cualquier otra forma de influencia sobre el resultado de, o interferencia en, un proceso judicial”.

Inmediatamente después de haber tenido conocimiento del CAJ, envié un último comunicado a los ministros de la SCJN y a los miembros del CJF, involucrando a los presidentes y vicepresidentes, y a otros miembros de sus consejos de las barras, solicitándoles que realicen acciones concretas para que no llegue el influyentismo al tribunal colegiado que va a resolver el asunto, para lo cual incluso les dirigí un memorándum elaborado para los magistrados del cual se desprende la solidez jurídica del asunto. Dicho memorándum se puede consultar, junto con las actuaciones más importantes del juicio, en krasovsky.com.mx, bajo la pestaña de “Acciones colectivas”. Sin embargo, no he recibido ninguna respuesta positiva de los ministros y los consejeros. No obstante, la vida de este gran instrumento de justicia está en el aire. Afortunadamente las barras sí han reaccionado positivamente y he tenido la oportunidad de platicar con todos los presidentes y consejeros de todas estas barras, por lo cual espero que pronto atiendan nuestra petición de enviar, a los magistrados que van a resolver el asunto, una carta pública y privada, solicitándoles que el asunto se resuelva conforme a Derecho, aplicando el nuevo método de interpretación colectivo.

Un llamado a la sociedad contra la corrupción

En este esfuerzo de evitar el influyentismo hemos recurrido a universidades, periodistas, líderes de opinión, legisladores, cámaras empresariales, medios de comunicación, e incluso a las redes sociales, en busca de su apoyo para que realicen actos concretos con el fin de evitar que llegue el influyentismo al órgano colegiado. Esperamos que dichos esfuerzos sean suficientes para romper el paradigma señalado. Adicionalmente, presentamos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una solicitud concreta para que los ministros de la Corte expliquen las razones por las cuales no analizaron la conveniencia de atraer este asunto, lo cual resultó infructuoso ante la respuesta negativa que recibimos de dichas instituciones.

Las acciones colectivas incorporan la figura del amigo de la curia, por lo que cualquier persona puede presentar al juzgador cualquier argumento, escrito o verbal, por lo que considero que es muy importante el apoyo de la sociedad en general para este propósito. No es momento de ser apáticos ni desidiosos. El gran Miguel de Unamuno afirmaba que una virtud indispensable para el éxito y el progreso de una nación era su capacidad de experimentar indignación, un sentimiento que nos hace reaccionar positiva y activamente.

Este asunto está por resolverse. Y, de verdad, los abogados harán un gran bien a la justicia en el país si se involucran y realizan acciones concretas para evitar que llegue el influyentismo al órgano colegiado, que pueden ir desde entrevistas con magistrados, jueces, proyectistas, líderes de opinión, presidentes y consejeros de las barras, rectores de las universidades, etcétera, y enviando una comunicación pública y privada al órgano colegiado haciéndole saber que el gremio jurídico está pendiente de que se resuelva dicho asunto conforme a Derecho, hasta adherirse a las acciones colectivas, lo cual pueden hacer vía electrónica.

Aspectos relevantes por resolverse

Uno de los conceptos de violación que se hacen valer es el de que el tribunal de amparo establezca las bases para la compensación a la que tiene derecho el representante común en un juicio c   olectivo, es decir, la forma y los términos de aplicar el arancel contenido en los artículos 617 y 618 del CFPC, lo que necesariamente tendrá impacto en el gremio jurídico, ya que se tiene la oportunidad de establecer reglas claras para que en el futuro podamos iniciar juicios colectivos con la certeza de que recuperaremos los gastos en que incurramos y que nuestro trabajo sea debidamente compensado. Otro de los conceptos de violación se refiere al espíritu o esencia de las acciones colectivas, ya que de muy poco serviría una condena genérica al demandado, por lo cual estamos solicitando que, entre los efectos del amparo, se instruya al juez inferior a ordenar al demandado a que proporcione una lista de todos sus clientes desde 2008, indicando la cantidad total que ha recibido de cada uno de ellos. De esta forma, la colectividad tendrá las bases para que, en forma sencilla, ágil y económica (que es el espíritu de la ley), promueva un incidente que le dará derecho a que se le reembolse 20 por ciento de los pagos realizados durante dicho periodo de la demanda. Como se puede ver, hay mucho más en juego, por lo que la participación de la sociedad para impedir el influyentismo y la corrupción es de vital importancia.

Acciones colectivas: reforma a la Constitución en beneficio de la sociedad

Es fundamental entender que los juicios colectivos representan la oportunidad de brindar justicia gratuita a millones de personas, como lo establece nuestra Constitución, ya que cualquier cliente actual o pasado de Nextel aún puede beneficiarse 18 meses después de dictada la sentencia. Éste es un reclamo justo, ya que si el juez y el magistrado hubiesen aplicado los principios y el espíritu de los juicios colectivos el asunto se pudo haber resuelto en los tres o cuatro meses que establece la Ley de Acciones Colectivas, como espero que así ocurra en lo sucesivo, pues en nuestro caso ha tomado casi cinco años y el Poder Judicial, conforme a los paradigmas del pasado —que la exposición de motivos y la ejecutoria 28/2013 ordenan romper—, está protegiendo a los poderosos. Por eso invitamos a todos a participar activamente en esta cruzada. Sólo unidos podremos cambiar a México. ¡Únanse a este esfuerzo!

Imagine el lector que podamos hacer realidad las acciones colectivas y su culminación, y que en el futuro cercano litiguemos un juicio para el cual ya se hayan construido estándares y guías de interpretación regidos por principios que conlleven la creación de reglas procesales perfectas para garantizar que el procedimiento sea ágil, sencillo y flexible, en aras de que las pretensiones de la colectividad gocen de un efectivo acceso a la justicia, y que al juzgar se aplique el método de interpretación colectivo; es decir, que los juzgadores interpreten las normas que rigen dichos procedimientos, tomando en consideración que su objetivo último es proteger los derechos colectivos, como lo establecen tanto la exposición de motivos de la ley como la ejecutoria 28/2013.

Este primer asunto colectivo que he compartido en este artículo es determinante para que lo anterior se haga realidad. Sin embargo, si el Poder Judicial privilegia el influyentismo, esta maravilla de proceso terminará enterrada al menos 10 años. ¡Únete a esta generación que quiere hacer la diferencia!

Fuente: El mundo del abogado link